Publicada en: La Discusión el 6 de septiembre de 2019
Hace dos años, el 5 de septiembre fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.003, que creó la Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata. El largo proceso de visibilización de la iniciativa y las articulaciones para reconocer la identidad del territorio y dotar de mayores atribuciones y competencias a sus autoridades locales, por fin se concretaba. Las expectativas eran múltiples, los desafíos aún mayores.
Tras un año de instalación, finalmente el 5 de septiembre de 2018 se constituía legalmente la nueva región.
Casi en paralelo se publicaron otras normas que propendían al fortalecimiento de los gobiernos regionales y a la profundización de la democracia, tales como la posibilidad del traspaso de competencias, la elección de gobernadores regionales y el establecimiento de áreas metropolitanas.
Así, por ejemplo, la ley 21.074 de fortalecimiento de la regionalización del país plantea el reconocimiento de dichas áreas. En tal sentido, estimo que la conurbación entre San Carlos, Chillán, Chillán Viejo, Bulnes, además de Pinto y San Nicolás, constituyen un espacio común para la planificación y gestión pública, considerando su número de habitantes, que comparten una lógica de desarrollo urbano y requieren avanzar en políticas de crecimiento intercomunal proactivamente, sin esperar que los problemas comunes se agudicen, tal como ha sucedido con otras zonas del país, como Temuco y Padre Las Casas o Iquique con Alto Hospicio.
Los requisitos para constituirse como área metropolitana son, fundamentalmente, que la extensión territorial esté formada por dos o más comunas de una misma región, que estén unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que, considerando a todas ellas, superen los doscientos cincuenta mil habitantes. Todos los requisitos son cumplidos por las comunas propuestas.
La ley ya citada establece que la áreas metropolitanas se podrán constituir “de oficio o a solicitud de los gobiernos regionales y con previa consulta a los alcaldes”. Posteriormente, se otorgan las facultades para que la zona metropolitana señalada sea administrada por el Gobierno Regional, junto a un comité presidido por el gobernador (a) regional que se elegirá en Ñuble e integrado por los alcaldes de las comunas de área.
De esta forma, el área metropolitana de Ñuble dispondría de recursos adicionales a su presupuesto ordinario y de herramientas de gestión en materias como transporte urbano, tránsito vehicular, manejo de residuos domiciliarios sólidos e inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público.
La deprimida economía regional y el esquivo desarrollo tendrían un aliado en esta instancia, dado que un enfoque de gestión integrado y coordinado promoverían la implementación de políticas públicas con una mejor focalización, la interacción con el sector privado tendría mayor certidumbre, además de la inclusión de la sociedad civil e institucionalidad municipal en el desarrollo regional de manera sistémica y efectiva.
