Cristian Quiroz Reyes (Creasur -UdeC) publicado en diario La Discusión, 14 de julio de 2020.
Vivimos tiempos complejos en donde el sentido de urgencia posterga el análisis de otros también importantes y estratégicos temas, no obstante tienen relación directa. En efecto, el estallido social de octubre fue un reclamo masivo de una ciudadanía que se revelaba frente a un conjunto de abusos e inequidades, las que ciertamente tienen una expresión territorial: la profunda desigualdad entre los recursos disponibles, acceso a servicios, tecnologías, inversión pública, estándares de salud y educación entre la región metropolitana y el resto del país, por cuanto las decisiones estratégicas, la asignación de recursos públicos y hasta los tributos privados relevantes se concentran en dicha región, en desmedro de las otras regiones.
La pandemia confirmó lo desigual de nuestro país y también el centralista diseño institucional para responder a la crisis sanitaria. El ímpetu de alcaldes, alcaldesas, concejos y municipalidades lideradas por el más amplio espectro político se encontró con la negativa recurrente del gobierno central para incorporar la mirada local en la gestión de medidas preventivas. Pese a la legitimidad de los actores y la pertinencia de las propuestas, el Ministerio de Salud cerró las puertas por meses a la colaboración de municipios que tenían la claridad, disposición y la capacidad para aportar tanto desde la atención primaria de salud, como con la logística y redes para apoyar en el control de cuarentenas, distribución de ayudas sanitarias y sociales, entre otros, incluso cuestionándose el respaldo jurídico municipal para actuar, pese a la existencia de múltiples atribuciones compartidas entre éstas y los servicios públicos dependientes del Estado central debidamente reguladas, como precisamente en el ámbito de la salud, entre otros.
Lamentablemente en este contexto las municipalidades no pudieron encontrar aliados en las intendencias, pues éstas responden subordinadamente al gobierno de turno y no a la comunidad regional y local. En este espacio se abre una oportunidad significativa en la separación de funciones entre los futuros delegados/as presidenciales y quienes resulten electos gobernador/a regional. Efectivamente estas autoridades representarán un paso sustantivo en el fortalecimiento de las regiones, pese a las limitadas competencias iniciales y a no contar con financiamiento tal como rentas regionales, la nueva institucionalidad es un avance para responder con políticas específicas a realidades diversas, en contraste con la acción central homogénea que invisibiliza las particularidades regionales y locales.
En este sentido cabe preguntarse ¿cuáles hubiesen sido las prioridades, decisiones, oportunidad y la acción regional frente al gobierno central y ante las municipalidades en un contexto de pandemia u otro tipo de crisis si la máxima autoridad de una región no fuese un cargo de confianza, sino que ese liderazgo ya hubiese sido asumido por un/a representante de la propia ciudadanía?.
Las y los futuros gobernadores regionales tendrán la obligación legal de presentar una propuesta programática, comprometiendo esfuerzos, creatividad e innovación para contribuir con eficiencia, pero también con mayor pertenencia y legitimidad a la búsqueda de respuestas para las complejas demandas de desarrollo y crecimiento que expresa la comunidad y a las que el modelo centralista que concentra las decisiones y recursos no ha podido responder.
