Cristian Quiroz Reyes, publicada en diario La Discusión, 13 de diciembre 2019.
Hace poco más de un mes, en el contexto de las grandes movilizaciones y estallido social en Chile, en un escenario en que, por una parte, el gobierno no evidenciaba voluntad política para iniciar un proceso constituyente y, por otra, el congreso se mostraba inmovilizado y pasmado ante la crisis, la asociación de municipalidades asumía un inusitado y oportuno liderazgo al convocar a una consulta ciudadana sobre la necesidad de generar una nueva Constitución e inclusive, a que las comunas se pronunciaran respecto del mecanismo de elaboración de la misma. Tras reparos de legalidad y tecnicismos, la propuesta fue tan potente, que incluso el gobierno, partidos y congresistas que habían quedado “sin señal” con la ciudadanía, debieron articular un acuerdo cuya principal expresión es el plebiscito de entrada programado para abril de 2020. No obstante, las municipalidades continuaron con su plan y este fin de semana se desarrollará su consulta, con temáticas locales y nacionales, en prácticamente todas las ciudades del país y sólo una capital regional no la ejecutará: Valdivia.
Por su parte la Municipalidad de Chillán, tras semanas de silencio frente a la consulta, confirma a menos de una semana que finalmente la realizará. Se indica que se desarrollará online y en centros educativos municipales para aquellas personas que requieran asistencia o bien no cuenten con acceso a internet. Pese a las limitaciones que luego explicitaré, este es un hecho inédito y positivo. En efecto Chillán ha carecido de una cultura y práctica de la participación promovida institucionalmente, quedando ésta relegada a meros formalismos dispuestos por leyes específicas en ámbitos acotados, como por ejemplo exposiciones en materias de pladeco o del plano regulador, de esta forma hasta la fecha la participación sistemática ha sido solo electoral.
Hubiese sido deseable que en la capital regional, para la formulación de las preguntas locales, la municipalidad se hubiese asesorado por las universidades presentes en la zona, colegios profesionales, gremios y organizaciones sociales, otorgando mayor pertinencia a las preguntas y generando alianzas para su difusión. Este último punto también es complejo, pues a solo un par de días de su realización, no ha existido campañas locales de información sobre la consulta ciudadana, su temática, argumentos favorables o detractores, elementos básicos de cualquier ejercicio de esta naturaleza.
A modo de ejemplo, la OCDE ha generado recomendaciones para fomentar procesos de consulta y participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas. La primera es la regulación, es decir, establecer la naturaleza de las consultas, procedimientos, contenidos y las condiciones. En el caso de Chillán faltó precisar si se trata de una consulta vinculante o no vinculante, o ¿por qué se consultará solo sobre materias de interés de la autoridad y no de la comunidad organizada?.
La segunda, se relaciona con controlar a quien promueve la acción, o sea cuál es la posición oficial del alcalde y concejo frente a las temáticas a consultar, ¿existe activismo municipal a favor de una determinada alternativa? y, por último, como en todo tipo de decisión de política pública, habrá que controlar a grupos de interés que tendrán contradicciones o afinidades frente a determinadas temáticas a consultar. En tal caso, se requiere de la suficiente transparencia e información para que la comunidad vote con conciencia de los alcances, efectos, beneficios y perjuicios de una decisión.
La consulta que se desarrollará en Chillán es insuficiente, por la forma y oportunidad. Es de esperar que ante una eventual baja participación, esta sea leída no como poco interés de la comunidad local por participar, sino más bien como un efecto de la escasa difusión y del hermético mecanismo para su elaboración, para que de esta forma no sea una excusa para no realizar nuevos procesos participativos, sino más bien se asuma como un desafío para perfeccionar y repetir en mejores condiciones.
