Cada día aumenta la brecha entre la denominada clase política y la ciudadanía, pues las diferencias e inequidades entre unos y otros también aumenta, existiendo además un mayor control social por el rol de la prensa y de las redes sociales, ciertamente en buena hora.
El reciente anuncio de un aumento de dos millones de pesos en las asignaciones que reciben los senadores encendió nuevamente el debate, con duras críticas y defensas corporativas con escasa fundamentación. Es cierto, las asignaciones no forman parte de la dieta de libre disposición de los parlamentarios (algo así como su sueldo), también es cierto que ellos necesitan cubrir gastos de operación (como arriendo de oficinas, teléfonos, personal de apoyo, estudios, etc.). Es más, si asumimos que el Congreso es otro poder del Estado, claramente pudiésemos comparar esos gastos, con los de los otros poderes: el ejecutivo (Gobierno) y el judicial.
No obstante lo anterior, el escándalo de las asignaciones nos lleva a un debate más de fondo: ¿Están el senado y la cámara de diputados cumpliendo su función?, ¿su composición y facultades responden a las demandas del Chile de hoy?, ¿son aceptables sus privilegios y diferencias respecto de otros sectores nacionales?
En múltiples ocasiones he estado en el Congreso, llamándome la atención la cantidad de mozos que transitan entre cada sala y oficina llevando alimentos, bebidas, café y otros para atender los requerimientos de los honorables. Imaginariamente he trasladado la escena a otros escenarios, como por ejemplo un tribunal, un banco, un hospital o cualquier otra oficina pública. La verdad es que resultaría inaceptable la situación. ¿Cuánto le cuesta al erario nacional financiar este privilegio?
Por otra parte se mantiene el cuestionamiento al sistema binominal y su manipulación de la representatividad y legitimidad de los legisladores. Esta es sin duda una gran deuda de la clase política, no es socialmente viable mantener un sistema donde el que pierde gana y el que gana pierde, minimizando importantes fuerzas políticas y aumentando artificialmente con sobre representación a otros tantos, forzando una política en sólo dos grandes bloques que no representan el Chile diverso, siendo imperiosa además la necesidad de limitar los periodos de reelección y establecer la facultad revocatoria, para que la ciudadanía pueda adelantar el término del periodo de aquellos parlamentarios que no cumplen.
A este nuevo parlamento, compuesto legítimamente con un sistema proporcional, sería conveniente asignarle nuevas funciones, atribuciones, facultades y competencias, limitando el excesivo régimen presidencial y casi monárquico que nos ha caracterizado como país. Y surge otra pregunta, ¿necesitamos efectivamente un congreso con dos cámaras? ¿Por qué no discutir respecto de un congreso unicameral, donde se desarrollen las funciones legislativas y fiscalizadoras conjuntamente?, esta puede ser una eficiente, económica y representativa organización parlamentaria, tal como sucede en otras modernas democracias.
Por último si de asignaciones se trata, es muy necesario extender las prescripciones de la ley de probidad – que rige a autoridades y funcionarios/as públicos/as- también a los parlamentarios. Particularmente en la prohibición para contratar a familiares hasta tercer grado por consanguinidad y hasta segundo grado por afinidad. No es presentable que esta restricción se aplique a alcaldes, concejales, directores y jefes de departamentos de reparticiones públicas, pero que los parlamentarios puedan contratar a sus cónyuges, hijos, nueras, entre otros.
En definitiva necesitamos un nuevo parlamento, más representativo, más eficiente, más legitimo y probablemente su financiamiento sería más comprendido y aceptado por la sociedad. Esto es materia de una nueva Constitución, tema de fondo que trasciende de esta columna.
Cristian Quiroz Reyes
